“A partir de ahora, para cada venta de tierra pública tienen que dar solamente el valor de subasta y no el de mercado. ¿Está bien?”. Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante el macrismo, no disimulaba la bajada de línea hacia los integrantes del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Los llamaba y les reclamaba acomodar los números para favorecer a un puñado de empresarios agropecuarios y de allegados al Presidente Macri.

–No se puede hacer eso, si querés el precio de subasta también te tengo que dar el precio de mercado, para eso está la reglamentación del Tribunal –respondían Daniel Martín y Julio Villamonte ante la insistencia del ex funcionario.

Darío Guitelman, titular del TTN en los años macristas, también era de la idea de bajar el precio base para la venta de los inmuebles. El objetivo de la Alianza Cambiemos fue mejorarles la rentabilidad a los empresarios malvendiendo tierras altamente productivas.

Si el TTN fijaba que el valor de mercado para una hectárea de tierra pública ubicada en Córdoba –plena pampa húmeda– valía 15.000 dólares, la AABE lo bajaba a 8.000. Guitelman y Lanús hacían el trabajo de pinzas para convalidar la movida.

En promedio el macrismo convalidó la entrega de tierras fiscales con reducciones artificiales del 33 por ciento. Un desfalco para el Estado de 74,5 millones de dólares, registrado solamente en 17 expedientes que fueron analizados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Por eso el Presidente Alberto Fernández dio en la tecla cuando, durante una reunión virtual de la comisión de arraigo del Partido Justicialista, habló de la necesidad de mejorar la distribución de la tierra fiscal en poder del Estado Nacional.

“En los últimos cuatro años las tierras fiscales que les preocupaban eran las de la Ciudad de Buenos Aires para hacer grandes edificios. Y las tierras fiscales que a mí me importan son esos campos inactivos que podríamos dárselos a la gente y producir alimentos para los habitantes de las zonas aledañas. Este es el esfuerzo que tenemos que hacer. Obviamente no faltará el idiota que diga que estamos hablando de una reforma agraria. Yo no quiero sacarle el campo a nadie. Quiero que las tierras del Estado, improductivas, vayan a manos de quienes produzcan. Eso es todo lo que quiero”.

Inventario

No existe hasta el momento un registro específico y unificado sobre la cantidad de tierra fiscal disponible u ociosa. Una gran mayoría de los bienes que forman parte de la AABE están bajo gestión de ferrocarriles, el Ejército, universidades o diferentes dependencias públicas. Por ejemplo, la Agencia no pudo dar respuesta ante la demanda de tierras para resolver el conflicto de Guernica porque “no hay lotes disponibles en el Conurbano”, aclaran desde la AABE.

Por todo concepto (tierra rural y urbana) la Agencia informó en septiembre la existencia de 76.475 inmuebles bajo su jurisdicción. De este total, hay 551 lotes que están en “adquisición” ya sea por expropiación, compra, decomiso, o donación; otros 3.138 se encuentran enajenados pero sin transferir; 5.904 inmuebles están bajo estudio y existen 14.050 lotes cuyos derechos de servidumbre están a favor del Estado Nacional.

Después hay 44.110 inmuebles del Estado que tienen alguna utilidad, lo que no quita que podrían negociarse para una distribución más equitativa.

Es decir, más allá de que la AABE carece de un registro de “excedentes”, sí posee una interesante base de datos para empezar a darle contenido a la idea de una mejor distribución de la tierra fiscal, sobre todo rural, malvendida durante los años macristas. Y lo mismo corre para los negocios inmobiliarios urbanos de Horacio Rodríguez Larreta.

Arraigo

“Seguramente deberemos hacer un plan donde las tierras del Estado se den a quienes quieran trabajarlas. Un problema que tenemos es que en Buenos Aires se concentra la circulación de los alimentos. Se produce en Santa Fe, se manda a Buenos Aires y de ahí vuelve a salir. Tenemos que desarrollar la producción alimentaria en cada región del país y cuando lo hagamos vamos a fomentar una agricultura familiar altamente beneficiosa para la Argentina. Y tenemos que hacerlo con las tierras fiscales que sobran”, sostuvo Alberto Fernández durante la charla virtual en el PJ.

El senador de la provincia de Buenos Aires, Francisco “Paco” Durañona, había conversado con Fernández la posibilidad de impulsar una suerte de cambio de matriz institucional para el arraigo a lo ancho y largo del país, idea compartida con Pedro Peretti, ex director de la Federación Agraria, y la senadora María de los Ángeles Sacnun, entre otros y otras.

“Hoy no se genera producción territorial, no hay financiamiento para esto. El Movimiento Arraigo no se limita solamente a la cuestión de la tierra y el hábitat, sino que se apuesta a un cambio de rumbo, donde haya organización territorial, se invierta en infraestructura, se fortalezca a los gobiernos locales. Es un cambio de matriz”, explicó a El Cohete el ex intendente de San Antonio de Areco. Quizás la nueva gestión en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi en reemplazo de María Eugenia Bielsa, contribuya a esta idea.

En la provincia de Buenos Aires ya se presentó un proyecto de ley para crear una suerte de Procrear rural con líneas de crédito para la compra, construcción o desarrollo de infraestructura para potenciar una redistribución territorial. La iniciativa todavía está en la Comisión de Ordenamiento Territorial y Hábitat del senado bonaerense.

“La verdad que es urgente contar con una legislación que facilite los créditos para acceder a tierras que están bajo la administración de la AABE para que puedan volcarse a una producción agroecológica. Hay que generar mecanismos para ponerle límites a la producción monopólica”, agregó Durañona.

Metodología del desfalco

Durante el macrismo se tomaron distintas decisiones vinculadas a la tierra rural pero con un mismo fin: consolidar un andamiaje jurídico para la entrega de inmuebles públicos a grandes empresarios rurales y consolidar la extranjerización.

Lo que detectó la actual conducción de la AABE resulta paradigmático de la metodología aplicada por Cambiemos para el desfalco de bienes estratégicos del Estado nacional. Y no sólo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se entregaron terrenos a precios de “amigos” al Grupo Techint o a Eduardo Costantini.

En Córdoba, por ejemplo, el gobierno de Macri subastó 50 lotes de los cuales el 47 por ciento se vendió a valores inferiores a los establecidos originalmente por la AABE. “Hubo una práctica metodológica para malvender la tierra púbica”, lanzó a El Cohete un tasador que siguió de cerca el proceso de ventas.

Quienes se ponían de acuerdo para tirar abajo los precios de entrega de tierras eran el ex titular de la AABE, Ramón Lanus y el por entonces presidente del TTN, Darío Guitelman. En la maniobra intervenían representantes de las sociedades rurales de la zona. En un informe elaborado por la SIGEN quedó clara la metodología. El trabajo fue clave para que la Oficina Anticorrupción elevara una denuncia penal que actualmente tramita en el Juzgado de Julián Ercolini y la fiscalía de Gerardo Pollicita:

* El 24 de julio de 2017, el TTN estimó el valor venal de un lote en Córdoba en 3.216.034 dólares para una superficie de 265 hectáreas. Es decir, 12.102 dólares la hectárea.

* El 9 de octubre de 2017, el mismo Tribunal modificó el valor venal a 1.324.713 dólares.

* El 1° de diciembre, el director de Gestión Patrimonial de la AABE, Ramón García Llorente, propició la disminución de la base a la suma de 984.489 dólares “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, en virtud del Interés Público, (y) producto del análisis Técnico/Inmobiliario”. A los cuatro días, Lanús aprobó la operación.

* Para el 18 de diciembre, el lote en cuestión había sido dividido en dos y una mitad fue preadjudicada al único oferente, el empresario Agustín Nottebohm, por 990.000 dólares, lo que implicó un valor de 8.616 dólares por hectárea.

La mayoría de los beneficiarios de las subastas amigas del macrismo en Córdoba fueron para Nottebohm, Sergio Marcelo Serra, Marcelo Wenceslao Marchetti, Pablo Gerardo Marchetti y Arnolfo Calvo, socios en San Eusebio S.A. y directivos en CIGRA S.A. y La Cebadilla S.A.

Eduardo Basualdo, John Hee Bang y Nicolás Arceo escribieron en 1999 el artículo “Las compraventas de tierras en la Provincia de Buenos Aires durante el auge de las transferencias de capital en la Argentina”, publicado por la revista Desarrollo Económico. Allí consignaron que el Grupo Blanco Villegas (rama materna de Macri) había adquirido la sociedad La Cebadilla. Para la SIGEN, ésta es una pista a seguir.

Nottebohm también tendría negocios en el Chaco. La organización Somos Monte Chaco lo vinculó con la quema intencional de campos.

Otro paso en la malventa de tierras públicas se concretó con la decisión de enajenar 49 inmuebles (entre edificios y campos productivos) a través del decreto 225/17, amparado en un decreto ley de la última dictadura cívico militar (22.423/1981). Esas tierras, que estaban en poder de Ejército, terminaron en manos de empresarios rurales e incluso algunas fueron cedidas “en uso transitorio” a grandes productores sin ningún tipo de canon, según indicaron desde la AABE.

Y el tercer andamiaje jurídico fue la modificación por decreto de la ley de Protección del dominio territorial que establecía límites a la extranjerización. Los cambios incluyeron una flexibilización para el acceso a la tierra y la eliminación de controles cruzados entre la AFIP y la UIF para evitar operaciones de lavado de activos.

En 2015 el Registro Nacional de Tierras Rurales había detectado 1.113.654,85 hectáreas en Paraísos Fiscales. Con la llegada el macrismo, esas tierras que eran computadas como extranjeras pasaron a estar inscriptas como nacionales. Esa fue una de las maneras de manipular el registro para ampliar los porcentajes posibles de extranjerización.

La diputada Mabel Caparros (FdT-Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley para impulsar la derogación del Decreto 820/2016 y que se regrese a la redacción original de la reglamentación de la Ley de Protección del dominio púbico sancionada en diciembre de 2011.

Banco de Tierras

La Ley de Agricultura Familiar fue sancionada en diciembre de 2014. Durante el último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner sólo se alcanzó a fijar un monto de financiación para toda la normativa pero no pudo avanzarse mucho más en su reglamentación. Y menos durante la gestión de la Alianza Cambiemos, que desmanteló el área de Agricultura Familiar de la mano de los ex ministros de Agroindustria Ricardo Buryaile y Luis Miguel Etchevehere.

El artículo 16 de la norma contempla la creación de un banco de tierras para distribuir entre pequeños agricultores. Una instancia que podría ser clave en relación a lo que esbozó Fernández durante la reunión en el PJ.

El ministerio de Agricultura ya elaboró el texto de reglamentación de esta norma y fue girado a Jefatura de Gabinete para su análisis. Uno de los puntos vinculados al Banco de Tierras sostiene que la AABE deberá informar en un plazo de 90 días el listado de tierras que se hubieran incorporado al Estado “por distintos mecanismos judiciales, administrativos, impositivos o de cualquier otra naturaleza”. En el informe que elaboró la AABE en septiembre de este año hay algunos datos estimativos de estas incorporaciones.

Desde Agricultura ya están en contacto con las autoridades del Ejército o Ferrocarriles, instancias del Estado nacional que detentan una gran cantidad de hectáreas. Lo que se analiza es cómo podrían incorporarse parte de esas tierras a la agricultura familiar. Cada organismo es muy celoso de los inmuebles que detenta.

“Un Banco de Tierras fiscales está bien. Pero una solución de fondo es pensar una política de colonización que le permita al Estado comprar tierras y distribuirlas en función de sus políticas públicas. Durante el primer peronismo estaba el Consejo Agrario Nacional. Pero también podríamos aprender de Uruguay con su Instituto Colonizador”, explicó a El Cohete Pedro Peretti, ex director de la Federación Agraria.

A la uruguaya

El Instituto Colonizador de Uruguay se basa en una ley de 1948 y cuenta con tres mecanismos legislativos para consolidar su banco de tierras: una norma que establece que todos los lotes sin especificidad de uso pasan directamente al Instituto, las expropiaciones (que funcionan igual que la ley argentina) y un tercer mecanismo que –según explica Andrés Berterreche, presidente del Instituto durante la presidencia del Pepe Mujica– resultó ser el más exitoso: cuando se realiza cualquier compra-venta de tierras entre privados, antes de rubricar la transferencia se le debe dar la posibilidad al Instituto de revisar la operación y hacer una oferta por la misma.

El ejemplo uruguayo.

“No se puede firmar nada sin que antes el Instituto evalúe si le interesa adquirir determinado campo. Obviamente hay que tener el dinero para invertir pero es una herramienta que nos sirvió para realizar adquisiciones de alto valor productivo”, explicó el dirigente del Frente Amplio.

Es una manera de que el Estado intervenga en el mercado de tierras para transparentar las operaciones. Es decir, el Instituto es testigo de todos los valores de transacción, los precios pactados quedan a la vista, con lo cual se evitan las subvaluaciones o las estafas, tal como sucedió durante el macrismo y ahora es materia de investigación penal.

El Instituto Colonizador se financia con impuestos vinculados a la renta de la tierra, los propios recursos que pueda generar el organismo y subsidios. La administración de Luis Lacalle Pou está en guerra con el Instituto. Es decir, a favor de los sectores concentrados del agro uruguayo. Ya decidió quitarle el 90 por ciento de los subsidios que recibía.

La idea de un Instituto Colonizador, que según Peretti podría replicarse en Argentina, también ofrece una forma innovadora de distribuir la tierra. No se manejan títulos de propiedad.

“La tierra es un bien social. El usufructo es de quien la trabaja pero se da en arrendamiento que incluso puede ser hereditario”, agrega el ex presidente del organismo.

Según Berterreche se propicia un acceso colectivo a la tierra (que no es excluyente), donde debería primar el asociativismo entre productores y trabajadores rurales. Y una organización previa en el territorio porque no sirve entregar tierra porque sí, aclara.

“Si compramos un campo de 50 hectáreas se le podrían dar 10 hectáreas a diferentes productores tamberos. Obviamente la escala no da. Entonces se propicia la colectivización del trabajo, es decir que en esa extensión adquirida se colectivicen las tareas de forraje por ejemplo –no la propiedad de las vacas– para quitarle presión a la escala”.

Esta estrategia resultó ser un mojón de oreja para los grandes productores del país vecino, quienes tienen las mismas mañas de concentración que la Mesa de Enlace autóctona.

“Hay que comprar y repartir. No es expropiación de nada. Es el Estado que actúa en el mercado. En Argentina un instituto así podría financiarse con un porcentaje fijo de las retenciones. En algún momento deberemos animarnos y hacerlo”, concluyó Peretti.

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Fuente: El Cohete a la Luna